El mandatario denunció a cinco legisladores que presuntamente intentaron chantajear al Ejecutivo. Los parlamentarios lo desmintieron y argumentaron que las acusaciones se originaron por "no cumplirse sus cálculos políticos".
Crisis política en Ecuador: Lasso dice que gobernará "sin considerar que existe la Asamblea Nacional" y estima realizar una consulta popular

En Ecuador sigue la disputa política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, luego de que la semana pasada la Asamblea Nacional (AN) negara y archivara el proyecto de Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital propuesto por el mandatario, Guillermo Lasso.

Este martes, durante su programa 'Encontrémonos por la Ciudadanía', Lasso volvió a abordar el tema y lanzó más dardos en contra del Parlamento. Señaló que buscará gobernar sin tomar en cuenta la existencia de ese órgano estatal, al que acusa de intentar bloquear a su administración.

"Debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al Gobierno nacional", dijo el mandatario.

El presidente reiteró que los asambleístas, al negar el proyecto que envió, "poco contribuyen al desarrollo del Ecuador". De acuerdo con el propio Lasso, con esa iniciativa de ley pretendía conseguir 30.000 millones de dólares en inversión y generar más de 2 millones de empleos.

Sin embargo, las bancadas parlamentarias que lo negaron y archivaron, que fueron Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), argumentaron que se trataba de una "ley privatizadora", que "no atraía inversiones, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente". Asimismo, señalaron que el proyecto "podría afectar a los intereses ciudadanos".

¿A qué herramientas acudirá?

Para gobernar sin considerar la existencia del Parlamento, Lasso indicó que acudirá a otros mecanismos, como los decretos ejecutivos, reglamentos y hasta la consulta popular.

"Hay alternativas y hay caminos, uno de aquellos es la consulta popular que la estamos trabajando, a la que me voy a dedicar de manera especial esta semana y someter a consideración del pueblo ecuatoriano lo que la Asamblea Nacional se ha negado a tratar consistentemente en los últimos 10 meses", anunció.

Según el mandatario, el Parlamento le ha negado o no ha tratado cinco proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Además de esa ley de inversiones, enumeró otras relacionadas con comunicación, educación superior, seguridad y una "económica urgente", elevados desde finales del año pasado.

Lasso señaló que no descarta someter a consulta popular el proyecto de ley de inversiones, sobre el que defendió su importancia "para el desarrollo del país".

"Haré todo lo necesario, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley, para tomar todas las decisiones que me permitan alcanzar esos objetivos que esperan los ecuatorianos, poder promover inversión, generar empleo, reactivar la economía, para que los jóvenes y, especialmente, las mujeres ecuatorianas tengan una oportunidad de trabajo", dijo.

Asambleístas denunciados

La semana pasada, luego de que la ley fuera negada en la Asamblea Nacional, Lasso publicó un video en el que acusó a los legisladores de querer chantajear al Ejecutivo a cambio de su voto favorable en el Parlamento. Dijo que algunos les pidieron la administración de hospitales, empresas eléctricas y ministerios, mientras que otros supuestamente solicitaron dinero en efectivo o la exención de impuestos.

Días después, el mandatario dio a conocer una carta que envió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, donde hizo públicos los nombres de los asambleístas que presuntamente solicitaron beneficios económicos al Ejecutivo a cambio de su voto a favor de la ley de inversiones, durante una reunión mantenida con colaboradores de su despacho con esos legisladores.

Los nombres que aparecen en la denuncia de Lasso son los de los asambleístas de Pachakutik Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor de este último, Marcelo Rosero.

"El primer paso es denunciarlo con nombre y apellido, presentando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya está en manos de la fiscal dar los siguientes pasos necesarios para probar esos actos y para que las personas que hayan incurrido en esas actividades ilegales sean sancionadas de acuerdo con la ley", dijo Lasso este martes.

El mandatario, aunque criticó el papel del Parlamento, señaló que el Ejecutivo tiene las puertas abiertas "para aquellos asambleístas, que sí los hay, que son gente honesta, gente respetable, gente que quiere contribuir con el desarrollo del país".

La respuesta de los denunciados

Los cinco parlamentarios denunciados por Lasso emitieron un comunicado en el que señalaron que la denuncia presentada por Lasso ante la Fiscalía carece de "sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones".

Los asambleístas consideran que el mandatario "busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachakutik", luego de "no cumplirse sus cálculos políticos".

Añaden que la denuncia de Lasso es "una acción de retaliación" contra los parlamentarios por no aprobar la Ley de Inversiones, "abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano".

Los legisladores manifestaron que están dispuestos a brindar las facilidades para la investigación que realice la Fiscalía.

¿Y la muerte cruzada?

Con todo lo que ha pasado respecto al debate del proyecto de Ley de Inversiones, uno de los temas que salió a relucir fue el de la "muerte cruzada", un mecanismo contemplado en la Constitución de Ecuador, que permite al presidente de la República disolver a la Asamblea Nacional (artículo 148) o faculta al Parlamento para destituir al mandatario (artículo 130).

El archivo de una ley en el Parlamento de Ecuador desata una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo (y vuelve el fantasma de la "muerte cruzada")

Aunque la semana pasada el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, dijo que ese mecanismo no estaba descartado, el lunes reciente comentó que el Ejecutivo no se plantea de momento recurrir a esta facultad.

"La muerte cruzada es una herramienta constitucional de última instancia, cuando haya una grave crisis política que amenace la institucionalidad. El Gobierno considera que no se ha llegado a ese momento", expresó Jijón.

Al igual que el mandatario, el vocero de la Presidencia manifestó que el Gobierno "tiene herramientas suficientes para seguir gobernando y luchar contra la corrupción".

actualidadrt.com

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