Un sondeo reveló que 57 % de los chilenos están en desacuerdo con la extensión del Estado de Excepción que aplica el Gobierno de Sebastián Piñera desde octubre pasado en las provincias reclamadas por las comunidades originarias del pueblo Mapuche.
En detalle, el estudio «Seguridad Ciudadana Noviembre 2021», realizado por la Fundación Chile 21, determinó que 40 % de los encuestados manifiestan estar «muy en desacuerdo» con la extensión de la militarización en la llamada Macrozona Sur, mientras que 17 % está «en desacuerdo».
Por otra parte, el 43 % que acompaña la medida se divide en 17 % que está «de acuerdo» y 26 % que está «muy de acuerdo» con la medida tomada por el Gobierno de Piñera. El estudio se circunscribe a 1.743 entrevistas, realizadas durante el último fin de semana de octubre y que presenta un margen de error de 2,35 % con 95 % de confianza.
El sondeo se aplicó a través de internet y fue dirigido a personas mayores de 18 años de edad, residentes de 204 comunas en las que habita el 91,3 % del total de la población chilena.
Al respecto, el director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, consideró que desde el gobierno de Piñera no hay interés en resolver el fondo del problema, sino que, por el contrario, el Ejecutivo utiliza el conflicto para darle «oxígeno a la derecha», en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
«La seguridad fue la gran promesa de Piñera y se transformó en su gran fracaso. En ese contexto, la excepcionalidad se transformó en un tanque de oxígeno para gobernar que el mandatario busca extender hasta el fin de su periodo. Es un peligroso show al que tenemos que poner fin», afirmó Vergara en Twitter.
El Estado de Excepción es aplicado por Piñera desde el pasado 12 de octubre en las provincias de Bío Bío y Arauco, que son parte de la Región del Bío Bío, y en las provincias de Malleco y Cautín, de la Araucanía. El mandatario justificó la medida como una estrategia para controlar la «grave alteración del orden público».
La medida inicialmente iba a regir por 15 días, pero Piñera la extendió hasta el 11 de noviembre y después de esa fecha pretende prorrogarla por otros 15 días, luego de que su despacho enviara una nueva solicitud al Congreso, alegando que el clima de violencia es suficiente para mantener la militarización de las regiones, ubicadas a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país.
Por su parte, la comunidad mapuche —el pueblo originario más grande de Chile, con una población superior a 1,7 millones de personas— insiste que la militarización agrava el conflicto y que mantendrán su resistencia por el respeto a sus derechos y la restitución del Wallmapu, en manos de empresas y terratenientes.
«Una medida regresiva»
Ante tal escenario, Vergara advirtió que el congreso chileno no puede aprobar la extensión de la militarización porque sería «una medida regresiva» ante un problema que considera «mucho más profundo», que no se resuelve sino que se profundiza con la militarización.
Vergara, que fue jefe de Seguridad Pública del Ministerio de Interior durante la presidencia de Michelle Bachelet, aseveró además que los sectores de la oposición y las distintas candidaturas presidenciales tienen «responsabilidad» y «obligación» en resolver el conflicto.
«No podemos seguir avalando este show que como todos sabemos, terminará muy mal y generando retrocesos históricos«, sostuvo el especialista, quien instó a la oposición a no caer en una «trampa» del Gobierno, porque «está en juego la capacidad política, la seriedad y la responsabilidad».
La crisis se ha radicalizado luego de que el pasado miércoles muriera un indígena mapuche, identificado como Yordan Llempi Machacan, en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, región militarizada por Piñera. El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía del Bío Bío, que añadió que otro mapuche que se había dado por muerto, se encuentra en estado «grave» en el Hospital Regional de Temuco.
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