Quito, 2 dic (Prensa Latina) El Grupo de Puebla insistió hoy en la necesidad de garantizar la libertad de expresión en Ecuador, ante denuncias de persecución política contra legisladores que evaluaron el informe Pandora Papers.En una declaración, la instancia señaló que el pasado 10 de noviembre parlamentarios ecuatorianos denunciaron una agresiva reacción del gobierno ante el reporte de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional sobre el presunto nexo del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales.
Los supuestos vínculos con empresas offshore quedaron asentados en la investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers, que implicarían prácticas de evasión de impuestos y ocultamiento de activos, por parte del mandatario, durante su candidatura a la máxima dignidad, lo cual está prohibido por ley.
Sobre la postura adoptada contra los asambleístas, el Grupo manifestó «contundente rechazo a toda forma de persecución política y manipulación de la justicia que pretenda acallar o entorpecer procesos constitucionales de investigación y rendición de cuentas».
Al respecto, recalcaron que en un pronunciamiento, legisladores de varios partidos políticos aseguraron ser blanco de un nuevo intento de instrumentalización de las instituciones judiciales con el fin de lograr la separación de sus cargos, electos por voto popular.
Según precisaron, la representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, ha sido víctima de violencia política de género, por parte de un asambleísta de CREO (partido del oficialismo), mientras el excandidato presidencial Andrés Arauz sufrió retaliación política, judicial y mediática basada en noticias falsas.
En ese sentido, el Grupo de Puebla reiteró lo expresado por el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia en octubre último sobre la apremiante necesidad del gobierno de Ecuador de garantizar libertad de expresión y opinión política, comparecer ante entes de rendición de cuentas y transparentar información pública y privada ligadas al uso de paraísos fiscales.
El comunicado cuenta con las firmas de respaldo de los expresidentes Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), el excanciller Celso Amorín (Brasil) y los senadores Mónica Xavier (Uruguay), Alejandro Navarro (Chile), Esperanza Martínez (Paraguay) e Iván Cepeda (Colombia).
También se adhirieron los excandidatos presidenciales de Ecuador Andrés Arauz y de Uruguay Daniel Martínez, la exembajadora de Guatemala Ana Isabel Prera y los exsenadores Carlos Ominami, de Chile, y Carlos Soteldo, de México y los coordinadores del Grupo Marco Enríquez-Ominami (Chile) y Aloizio Mercadante (Brasil).
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