La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) solicitó a la Procuraduría General iniciar una investigación sobre "las posibles fallas" cometidas en la protección de 35 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que fueron asesinados, lo que afectaría el mandato constitucional que ordena al Gobierno ofrecer todas las garantías de seguridad a la población desmovilizada.

La JEP detalló en un comunicado que existen al menos cinco fallas recurrentes en las solicitudes de protección que pidieron las víctimas que fueron asesinadas, entre ellas, retardos para aplicar medidas oportunas para resguardar sus vidas.

Mientras tanto, la institución pidió implementar "un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes", e insistió en la necesidad de "crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos" que impactan directamente contra el Sistema Integral para la Paz.

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