Organismos de la ONU denuncian un uso letal e ilegítimo de la fuerza y exigen al Gobierno de Noboa el cese inmediato de la represión.
La crisis social en Ecuador escaló drásticamente este domingo al confirmarse la muerte de un manifestante indígena por impacto de bala en la provincia de Imbabura, en el contexto de las protestas antigubernamentales que cumplen siete días.
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La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció el fallecimiento de Efraín Fueres, un comunero indígena que murió en un hospital tras ser herido en Cotacachi. La organización rechazó categóricamente el uso letal e ilegítimo de la fuerza y exigió una investigación inmediata para determinar responsabilidades en el crimen.
La denuncia de la Fundación se produce en medio de reportes de una fuerte represión militar y policial en zonas rurales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que mantiene el llamado al paro nacional, reportó que durante la noche y madrugada, un convoy de seguridad ingresó a comunidades como Ilumán y Cotacachi, empleando bombas lacrimógenas y munición real. Adicionalmente, una persona más permanece en estado grave a causa de la violencia, según detalló Inredh.
La grave situación de violencia generó una ola de alertas internacionales contra el Gobierno de Daniel Noboa. Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, expresó su profunda preocupación. La funcionaria denunció que el Ejecutivo ecuatoriano “parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil”, alertando sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de los manifestantes.
El señalamiento de la ONU se extendió a las tácticas de desmovilización empleadas por el Gobierno. Romero calificó el congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes indígenas como un «hostigamiento no alineado con estándares internacionales». Sumándose a la condena, el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas también instó a Noboa a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el debido proceso para el centenar de detenidos que, según cifras oficiales, se mantienen bajo custodia.
Por su parte, el presidente Noboa mantiene una postura inamovible, reiterando en una entrevista con Ecuavisa que «la Policía y el Ejército se encargarán de retomar el orden». El mandatario justificó la represión al asegurar que la protesta dejó de ser social, argumentando que hay informes de inteligencia que vinculan a los manifestantes con la minería ilegal, el crimen organizado e incluso con la presencia de miembros del grupo criminal transnacional «Tren de Aragua».