Por Dr. Víctor Garrido Peralta
Imagine por un momento a la República Dominicana como una empresa con 11 millones de accionistas. Su junta directiva está compuesta por 242 empleados — 222 legisladores nacionales más 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN)— que reciben salarios de élite, privilegios de realeza y beneficios imposibles de justificar en un país de recursos limitados. Pero en lugar de generar valor, esta junta consume desproporcionadamente el capital y devuelve, a cambio, un producto magro: leyes de bajo impacto, opacidad financiera y desconfianza ciudadana.
El Congreso Nacional es, en esencia, un gigante costoso con productividad mínima. Sus funciones son claras en la Constitución: legislar y fiscalizar. Sin embargo, se ha convertido en una maquinaria que administra fondos públicos de forma discrecional —“barrilito”, “cofrecito”, partidas de “Día de las Madres”, “Reyes” o “Habichuelas con dulce”— que no corresponden a su rol. La filantropía con dinero ajeno no es filantropía: es clientelismo político.
Los números hablan solos. Un senador devenga RD$320,000 mensuales, un diputado RD$175,000 más incentivos, y ambos disfrutan seguros médicos de lujo que cuestan RD$180,000 al año por legislador, frente a apenas RD$15,400 que el Estado invierte en salud pública por ciudadano. Gozan además de pensiones privilegiadas, vehículos oficiales con combustible incluido, exoneraciones de automóviles, telefonía ilimitada y viáticos. Mientras tanto, el salario mínimo ronda los RD$21,000. La brecha es obscena: un senador gana en un mes lo que 15 trabajadores dominicanos en un año.
El costo de mantener 222 legisladores equivale a un representante por cada 49,550 habitantes. En Estados Unidos, la proporción es uno por cada 760,000; en Francia, uno por cada 103,000; y en Costa Rica, uno por cada 91,000. La sobrerrepresentación no ha producido más eficiencia legislativa: ha producido duplicidad de funciones, gasto superfluo y menor productividad.
Comparado con nuestros vecinos, la desproporción es aún más evidente. Costa Rica, con 5.2 millones de habitantes, tiene un congreso unicameral de 57 diputados, 60 % menos costoso per cápita que el nuestro. Uruguay, con 3.4 millones de habitantes, funciona con 130 legisladores y produce 112 leyes anuales. República Dominicana, con 222 legisladores, aprueba apenas 47 leyes al año, muchas ceremoniales. Cada ley nos cuesta RD$145 millones, frente a RD$78 millones en Chile y RD$52 millones en Uruguay.
El PARLACEN añade otro gasto innecesario: 20 diputados con salarios similares a los nacionales, para un organismo que ha aportado nulo impacto a la vida de los dominicanos. Lo mismo ocurre con los diputados de ultramar, cuyas funciones podrían ser cubiertas por el servicio consular existente.
La opacidad en el manejo de recursos es tierra fértil para la corrupción. Investigaciones han señalado sobornos, contratos sin licitación y malversación de fondos en el Congreso. En cinco años, su presupuesto ha crecido un 55.8 %, superando los RD$6,817 millones en 2025. Cada peso desviado es un hospital no equipado, una escuela no construida o un programa social abandonado.
La experiencia internacional demuestra que las reformas son posibles. Nueva Zelanda eliminó una cámara en 1996 y mejoró su productividad legislativa reduciendo costos. Panamá y Costa Rica operan con sistemas unicamerales más baratos y eficientes. Suecia, con población similar a la nuestra, mantiene 349 legisladores, pero con un costo per cápita 70 % menor, gracias a salarios razonables y ausencia de privilegios discrecionales.
República Dominicana necesita una cirugía de trasplante:
Unificación legislativa: congreso unicameral con 110 diputados (uno por cada 100,000 habitantes).
Eliminación de privilegios: fuera exoneraciones, seguros de lujo, vehículos oficiales y partidas discrecionales.
Retiro del Parlacen: no más representación improductiva.
Descontinuar diputados de ultramar: sus funciones se enmarcan en los consulados.
Transparencia total: publicación en tiempo real de todos los gastos y contratos.
Auditoría internacional independiente: que examine los últimos cinco años de gestión financiera y administrativa.
Sanciones ejemplarizantes: para quienes manipulen cifras o desvíen recursos.
La democracia no se mide por el lujo de sus congresistas, sino por la eficiencia de sus instituciones. Mantener un Congreso sobredimensionado es insostenible fiscal, social y políticamente. Reducir su tamaño, eliminar privilegios y unificar sus cámaras no es un capricho: es una necesidad urgente.
El costo de la inacción es mayor que el costo de la reforma. Cada año sin cambios significa miles de millones desperdiciados y un descrédito institucional que erosiona la confianza en la democracia.
El pueblo dominicano merece un Congreso Nacional que legisle con eficacia, fiscalice con rigor y viva con austeridad. No necesitamos 242 legisladores privilegiados; necesitamos representantes comprometidos. La ciudadanía tiene la última palabra. Y esa palabra debe ser clara, firme e inaplazable: ¡reforma ya!