La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) ha pasado de ser una institución clave para el bienestar de la provincia a convertirse en un símbolo de desorganización, negligencia y falta de transparencia. Bajo la actual administración, los problemas se han multiplicado, afectando directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes no solo padecen por el deficiente suministro de agua potable, sino que además enfrentan tarifas desproporcionadas y sobrevaluadas sin justificación oficial.
Desde el inicio de esta gestión, Coraasan ha mostrado una preocupante tendencia al aumento recurrente de los costos del servicio de agua potable. Aunque no ha habido un anuncio oficial de aumento tarifario, las facturas continúan incrementándose de manera silenciosa y constante. Miles de usuarios denuncian que sus recibos han subido hasta un 30% en comparación con años anteriores, sin una mejora tangible en el servicio ofrecido. Estas alzas irregulares y no declaradas abren la puerta a serias dudas sobre la administración de los recursos y la ética detrás de estas decisiones.
Datos recientes indican que, en algunos sectores de Santiago, el suministro de agua potable solo está disponible entre 2 y 4 horas al día, mientras que otras comunidades pueden pasar días enteros sin recibir una sola gota. Según un informe de una organización local de defensa de los derechos ciudadanos, al menos un 40% de las tuberías de la red hídrica de la ciudad tienen más de 30 años de antigüedad y requieren reemplazo urgente. Sin embargo, las inversiones en infraestructura parecen estar congeladas o redirigidas a proyectos de menor impacto.
El deficiente manejo administrativo también se refleja en la incapacidad para concluir proyectos clave. Obras anunciadas con bombos y platillos, como la ampliación de plantas de tratamiento y la optimización de redes de distribución, permanecen paralizadas o avanzan a un ritmo desesperantemente lento. Mientras tanto, comunidades enteras sufren cortes constantes del suministro, especialmente en sectores vulnerables donde el acceso al agua potable debería ser prioritario.
Otro aspecto alarmante es el manejo opaco de los fondos públicos destinados a Coraasan. Las auditorías, cuando se realizan, arrojan cifras que no cuadran y denuncias de sobrevaloración en contratos con proveedores.
A esto se suma el clientelismo político, donde las designaciones en puestos clave parecen responder más a compromisos partidarios que a competencias técnicas.
La falta de transparencia no solo afecta las finanzas de la institución, sino que también repercute directamente en los usuarios. El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, y su violación perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un sistema hídrico ineficiente puede generar pérdidas económicas equivalentes al 1% del PIB de una región.
La población de Santiago ha perdido la confianza en una institución que debería garantizar un derecho tan básico como el acceso al agua potable. Las excusas habituales, que van desde el cambio climático hasta problemas heredados de administraciones pasadas, ya no son suficientes para justificar la crisis actual. Mientras tanto, las comunidades más afectadas siguen dependiendo de camiones cisterna privados, pagando precios exorbitantes por un servicio que debería ser garantizado por el Estado.
Es urgente que la actual administración de Coraasan rinda cuentas ante la ciudadanía y adopte medidas concretas para corregir estas irregularidades. La transparencia en el manejo de los recursos, la eliminación de prácticas clientelistas y la ejecución efectiva de proyectos estratégicos son acciones inaplazables.
Además, se necesita una auditoría externa independiente que pueda ofrecer un panorama claro sobre el destino de los recursos y las verdaderas razones detrás de los incrementos tarifarios injustificados.
Sin estos cambios estructurales, Coraasan seguirá siendo un barril sin fondo de recursos malgastados, mientras el pueblo de Santiago sigue pagando, con sed y con su bolsillo, las consecuencias de una administración fallida.