Si su llegada al Gobierno fue difícil, su permanencia no ha sido menos complicada. A ocho meses de su gestión, Pedro Castillo enfrenta por segunda vez el intento de vacancia por parte de la oposición en el Congreso, que lo acusa –entre otras cosas– de «incapacidad moral permanente» para llevar las riendas del país.
La víspera a la jornada, que iniciará este lunes a las 3:00 de la tarde (hora local), ha estado precedida por las intensas negociaciones de la oposición, que aún no tiene los votos para sacar a Castillo de la silla presidencial, así como los respaldos al mandatario, que también resuenan dentro y fuera de las fronteras peruanas.
Los medios locales auguran que la jornada será larga. En teoría, el presidente tendrá una hora para presentar sus descargos a las acusaciones que enfrenta, mientras que los voceros de las nueve bancadas podrán hacer intervenciones de al menos 10 minutos. Aunque las posibilidades de que se postergue la resolución están allí, la prensa especula que la decisión se tomará este mismo lunes.
El detonante de este nuevo proceso es el caso Sarratea, que involucra al mandatario en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, no es el primero ni el único de los escándalos con los que se vincula a Castillo.
El mandatario tiene la opción de acudir solo o en compañía de su abogado al Parlamento a hacer su descargo, pero también tiene la posibilidad de enviar a su jurista defensor, de acuerdo a las leyes locales.
Este lunes, en declaraciones a medios, el mandatario se pronunció en torno a las horas que le esperan: «Nosotros, creo que el Perú lo sabe, hemos sido elegidos democráticamente la voluntad popular está representada en las urnas, eso no podemos negar. Esperemos que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos».
¿De qué le acusan?
El detonante de este nuevo proceso es el caso Sarratea, que involucra al mandatario en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, no es el primero ni el único de los escándalos con los que se vincula a Castillo.
Y es que en sus escasos meses al frente del Gobierno, el presidente no solo enfrentó un intento de vacancia en diciembre pasado, sino que ha tenido que nombrar a cuatro gabinetes de ministros por los múltiples cuestionamientos a algunos de sus titulares.
Desde ascensos sin méritos en el Ejército, supuestas coimas y tráfico de influencias para favorecer a empresarios en la contratación pública, la lista de polémicas que salpican a los ministros y al propio presidente –atizadas eficazmente por los medios de comunicación– no le han dado un día de paz a la gestión del maestro rural.
«Hay una campaña demoledora contra el Gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes, montajes, audios y algunos videos para que esta prensa haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso«, dijo Castillo la semana pasada, con ánimos de sortear la nueva tormenta política.
Pero el ambiente es poco propicio para la conciliación. El avance de la Fiscalía en las investigaciones que salpican al Gobierno, así como las constantes «revelaciones» de la prensa, ejercen una presión sin precedentes para el mandatario, que se desmarca de las acusaciones. «Yo no he venido a robarle un centavo al pueblo«, ha insistido.
Los impulsores de la vacancia aseguran que el mandatario habría brindado «versiones contradictorias» sobre las promociones en el Ejército y las presuntas irregularidades en la contratación pública. Por otra parte, lo acusan de tener un ‘gabinete en la sombra’ que lastraría a su ya desprestigiada seguidilla de ministros destituidos.
¿Hay posibilidad de que prospere?
Aunque la oposición reconoce que todavía no tiene los 87 votos que necesita, varios de sus voceros admiten su confianza en que la prensa hará el trabajo de ‘inclinar’ la balanza a favor de la vacancia. Según La República, tanto el parlamentario ultraderechista José Cueto como la legisladora conservadora Norma Yarrow insinuaron que esperaban una «revelación periodística» para lograr sacar a Castillo del Gobierno.
No obstante, las estimaciones preliminares vaticinan que Castillo contaría con 58 votos firmes en contra de la vacancia, además de otros apoyos provenientes de fracciones de los partidos de Somos Perú, Podemos, Alianza para el Progreso y la mayoría de legisladores de Acción Popular. De momento, eso bastaría para tumbar por segunda vez el intento de destitución.
Un punto clave de la discusión es la causal de la vacancia. Según el artículo 113 de la Constitución peruana, esta solo se puede ejecutar por muerte del presidente, aceptación de su renuncia, salida del territorio sin permiso del Congreso o fuera del plazo fijado, o la incapacidad moral o física.
Esta última, usada nuevamente por la derecha peruana para forzar la barda, es una de las más ambiguas. El asunto es que la Carta Magna no explica en qué consiste la «incapacidad moral y física», sino que su interpretación es potestad del Congreso.
Para el Foro de Sao Paulo, los sectores conservadores de Perú –que apoyaron a Keiko Fujimori y lucharon hasta el último minuto para desconocer la victoria de Castillo– «no han aceptado el resultado electoral del último año y buscan obstaculizar el gobierno progresista» del mandatario.
El foro, que reúne a políticos y movimientos sociales de izquierda en América Latina, reiteró la semana pasada su respaldo al Gobierno de Castillo y llamó a «luchar por el respeto a la soberanía popular expresada en las elecciones presidenciales».
¿Qué pasaría después?
En caso de que finalmente se admita la moción contra Castillo, la presidencia debería ser asumida por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien a mediados de marzo pidió al Congreso «actuar con madurez» y cesar el conflicto con el Ejecutivo.
«Estamos cansados de estar en un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es solamente de ahora, sino que viene de atrás, sino no se hubiera cerrado el Congreso anterior en la presidencia del señor Vizcarra», recordó Dina Boluarte en esa oportunidad.
Y es que en los últimos años, dos presidentes de Perú han salido del poder por la fórmula de la vacancia por incapacidad moral: Alberto Fujimori (2000) y Martín Vizcarra (2020). Sin embargo, antes de la llegada de Castillo por vía electoral, el país andino estuvo sumido en una severa crisis institucional, cuya evidencia más escandalosa fue el paso de cuatro mandatarios en un solo período.
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 (para evitar su destitución ante el Congreso por corrupción) siguió con el Gobierno de Vizcarra, vacado por el Legislativo en 2020 y sustituido por Manuel Merino, quien duró apenas cinco días en el poder tras reprimir brutalmente las protestas en su contra. Francisco Sagasti asumió inmediatamente para entregar en 2021 a Castillo, que debió esperar más de un mes de reconteos, polémicas y falsas denuncias de fraude electoral para llegar al despacho presidencial sin ninguna tregua con el fujimorismo, que amenazó con vacarlo en el Legislativo desde los albores de su gestión.
En este panorama, si bien los medios resaltan que al menos 71 % de la población no cree que Castillo termine su mandato, el Congreso no sale mejor parado. La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), citada por La República, cuatro de cada cinco entrevistados desaprueba la gestión del Legislativo, una ‘tormenta perfecta’ que puede poner en riesgo la frágil estabilidad institucional del país andino.
actualidadrt.com