Santo Domingo. — El doctor Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo, denunció este lunes que el Gobierno dominicano ha concedido más de 11,000 pensiones especiales sin fundamento legal, lo que representa un gasto anual superior a los RD$ 3,925 millones, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante la presentación de una investigación realizada por esa Secretaría, Martínez explicó que en el período 2021–2024 se emitieron 318 decretos presidenciales otorgando pensiones que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 379-81, que regula el régimen de jubilaciones y pensiones del Estado.
“El Poder Ejecutivo no tiene facultad legal para disponer pensiones a su antojo. Lo que estamos viendo es un uso arbitrario y politiquero de los fondos públicos”, afirmó Martínez, al tiempo que calificó como “un escándalo de grandes proporciones” la magnitud del desvío de recursos en beneficio de allegados políticos.
El informe excluye del análisis aquellas pensiones que sí tienen base normativa, como las otorgadas por razones humanitarias o amparadas en la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sólo se consideraron las pensiones especiales otorgadas mediante decretos sin justificación legal ni explicación de mérito.
Según Martínez, los fondos destinados a estas pensiones ilegales superan el presupuesto de instituciones y programas clave como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y servicios vitales como la prevención del VIH/SIDA, el tratamiento del cáncer o el fomento de la producción agrícola.
“Lo más grave es que muchos de estos decretos revelan que las pensiones fueron otorgadas a solicitud de senadores, alcaldes y dirigentes del partido oficial, como ocurre con los decretos 425-21 y 273-21. Esto demuestra que las pensiones especiales han sido utilizadas como pago político, sin ningún tipo de escrúpulo”, subrayó Martínez.
Fuerza del Pueblo instó a la ciudadanía a rechazar este patrón de uso clientelar del presupuesto nacional, y demandó que los órganos de fiscalización actúen con firmeza para frenar este abuso.