Santo Domingo. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, el proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia que crea el Ministerio de Justicia.
Se recuerda que esta iniciativa fue anunciada por el propio presidente Luis Abinader, el pasado 26 de octubre de 2022, durante el acto conmemorativo del 32° aniversario de FINJUS. Desde ese momento, desde el Poder Ejecutivo se coordinaron varias rondas de diálogo con los órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas, las escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los representantes de gremios empresariales y la organización civil organizada, así como con un amplio grupo de abogados especialistas.
En su parte central, el proyecto crea y organiza la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, el cual se configura como un órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública, junto con la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad institucional que el país arrastra desde hace años de delimitar las atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, con respecto a ciertos servicios meramente funcionales y administrativos, tales como la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, al igual que el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales, funciones todas que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, como es el Ministerio de Justicia.
Agregó que dicho Ministerio formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la promulgación de la Ley núm. 485, el 10 de diciembre de 1964, última ocasión en la que se suprimió la referida institución.