El dictamen resultó de los análisis de los parlamentarios durante las sesiones en el Congreso Nacional, encabezado por el diputado Luis Redondo, y pese a la continuidad de la crisis política a lo interno del hemiciclo con la permanencia de dos juntas directivas desde el 23 de enero último.
La disposición, de manera textual, concederá “amnistía general, amplia e incondicional a favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República (…)”.
La ley beneficia, asimismo, a los ciudadanos en proceso de investigación por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor e incluye a los funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009.
Según lo establecido, la legislación impacta en las víctimas del golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, aquellos requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra ese hecho o por actos propios del ejercicio de su función pública.
Esa iniciativa del ejecutivo de Castro impacta igualmente en las personas en ejercicio de su derecho constitucional a la protesta social y a los protagonistas de actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, la salvaguarda de sus territorios, tierras y fuentes de agua, a favor de sus comunidades.
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