El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Henry Molina, afirmó ayer que la justicia es clave para el desarrollo y transformación de la sociedad.
Los juicios del magistrado fueron exteriorizados durante una solemne ceremonia, con motivo de la celebración ayer del “Día del Poder Judicial.
Planteó ante un auditorio encabezado por el presidente Luis Abinader corona, la necesidad de seguir impulsando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en todos los ámbitos de la sociedad.
“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el Poder Judicial puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”, precisó Molina.
Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la seguridad jurídica, fundamental para el Estado de Derecho, abarca no solo aspectos comerciales e inversiones, sino también derechos humanos, laborales, propiedad intelectual y la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Como logros hacia esta meta, durante 2023, Molina citó los avances de la lucha contra la mora judicial:
“Desde junio de 2019 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia ha tenido un desempeño sin precedentes, dando solución a 37,406 recursos de casación. Hoy, todas las Salas fallan casos ingresados en 2023 y la Segunda Sala conoce casos ingresados en los últimos seis meses”, subrayó.
También señaló que la puesta en marcha de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación ha cerrado puertas a prácticas dilatorias en la Suprema Corte de Justicia, reduciendo el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
En cuanto a la digitalización, la aplicación de la ley sobre el uso de medios digitales, que incluye firma digital, acceso digital y audiencias virtuales, ha ampliado significativamente el acceso a la justicia en 2023, y se prevén avances sustanciales en todas las materias a nivel nacional durante este año.
En lo que se refiere a justicia penal y con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría y la Dirección General de Servicios Penitenciarios, se ha avanzado en facilitar el juicio abreviado, la mediación y la derivación a tratamiento o trabajo social, en casos de consumo de sustancias o delitos menores. Esto, unido al reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, reducirá paulatinamente los tiempos de respuesta y la congestión del sistema penal.