Perú amaneció con un nuevo escándalo político. Este lunes, la Policía Nacional allanó varias sedes del Ministerio Público por la existencia de una presunta red criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ahora está señalada por amplios sectores.

Benavides, quien también es investigada por tráfico de influencias, ahora afronta varios pedidos de dimisión. «La fiscal de la Nación no puede seguir en el cargo», aseguró la parlamentaria Ruth Luque, en su cuenta oficial en la red social X.

«Continuaremos con todas las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes», aseveró Benavides, flanqueada por otras autoridades del Ministerio Público. «Mi compromiso con los derechos humanos es más grande que cualquier amenaza o intimidación», añadió.

La denuncia constitucional presentada por la fiscal ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves alcanza a varios funcionarios, incluidos algunos que ya no están en el gabinete, como el exministro del Interior, Vicente Romero.

Sin embargo, la Constitución de Perú blinda a la persona que presida la nación. Según el artículo 117, solo puede ser investigada, mas no acusada por estos delitos.

La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, comunicó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En un mensaje grabado se pronunció en medio del escándalo y pedidos de dimisión en su contra en el marco de una investigación para determinar su presunta responsabilidad en una red criminal.

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Por Radaccion