Horas después que el máximo tribunal tumbara un acuerdo previo, el Gobierno mexicano decretó que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque son proyectos de interés público y seguridad nacional.
En el artículo único, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la tarde del jueves 18 de mayo, el Gobierno establece que «son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo».
De esta forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador blindó los cinco grandes proyectos de su sexenio que aún están en construcción, un año y medio antes de terminar su mandato.
Estas obras han sufrido distintos grados de retrasos debido a los amparos que fueron interpuestos para frenar su realización, en su mayoría por activistas ecologistas.
El anterior decreto, que había entrado en vigencia en noviembre del 2021, era considerablemente más amplio, y su blindaje aplicaba a todos los proyectos del sector «aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos», así como también las obras que el Gobierno considerara estratégicas para el desarrollo y la seguridad nacional del país.
Sin embargo, fue revocado este 18 de mayo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los argumentos esgrimidos por los ministros del máximo tribunal, que tumbaron el decreto en una votación de ocho a tres, figuró que la normativa, que limitaba el proceso para obtener los permisos para comenzar las obras a un periodo de cinco días hábiles, era demasiado general.