Esta iniciativa, que entró en vigor el 1 de noviembre, busca recaudar recursos de la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
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Desde hace dos semanas entró en vigencia en Colombia el llamado impuesto saludable que grava a los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas como una estrategia para desincentivar su consumo y promover un estilo de vida saludable.
Aunque el propósito de esta medida apunta principalmente a prevenir la malnutrición, las enfermedades coronarias, metabólicas y algunos tipos de cáncer, el camino para que se haya cristalizado ha sido cuesta arriba.
Los mismos sectores que impidieron el avance de la denominada ‘Ley de comida chatarra’, que reguló el etiquetado frontal de los ultraprocesados –aprobada en 2021 después de dos años de lucha de sus promotores–, han arrojado toda clase de dudas y sombras sobre esta iniciativa que forma parte de la reforma tributaria propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro.
- ¿Quiénes son las voces en contra?
Nevera con bebidas azucaradas.
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Entre los principales señalamientos en contra están los que apuntan a que el tributo solo afectaría a las familias en condiciones de pobreza, que suelen adquirir con mayor frecuencia este tipo de productos, y a los tenderos, que ofrecen esa mercancía en sus anaqueles.
Sin embargo, poco se habla de las grandes industrias de producción de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que generalmente forman parte de conglomerados políticos y comunicacionales cuyos intereses tienen incidencia en varias instancias de la vida nacional colombiana.
El más reciente obstáculo contra el gravamen fue sorteado el pasado 25 de octubre cuando la Corte Constitucional declaró que «la tarifa del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas no transgrede los principios de igualdad, libertad económica y libre competencia».
La demanda introducida ante el máximo tribunal pedía declarar inconstitucional la totalidad de la norma «por considerar que existían vicios de procedimiento en su formación que implicaban una vulneración de los principios consagrados en la Constitución».
El llamado impuesto saludable, antes de ser aprobado, se presentó cinco veces en el Legislativo y los reveses estuvieron encabezados por los representantes en el Congreso de las empresas de elaboración de alimentos procesados y bebidas.
- ¿Cuál es la razón del impuesto?
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El Gobierno afirma que, con esta medida, Colombia «se pone a tono con los más de 50 países en los que la norma ya está vigente», con la finalidad de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Por su parte, el Ministerio de Salud también afirma que ese tipo de políticas de salud pública forman parte de los compromisos del país suramericano con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unicef.
Además de la reducción de la incidencia de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, el Gobierno busca descongestionarel sistema de salud, al que acuden los pacientes que presentan estas dolencias no transmisibles.
Este arancel se complementa con el etiquetado hexagonal de los procesados donde se alerta sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas trans y saturadas y edulcorantes.
La directora de Red PaPaz, una de las ONG que impulsó la creación del impuesto, Carolina Piñeros, expresó que se busca «desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y migrar hacia un mayor consumo de agua pura». Del mismo modo, se persigue que las personas cambien los ultraprocesados por frutas, verduras y «alimentos reales y naturales», recoge la página web de la Presidencia.
- ¿Afecta a las personas más vulnerables?
La organización Villanos Ultraprocesados, que ha estado en frente de la campaña en contra de ese tipo de alimentos, asevera que estos gravámenes «no afectan la economía de los hogares» y explica que «en la medida en que las personas sean más sensibles a los precios, será más probable que reduzcan la ingesta de bebidas azucaradas».
El debate más que ubicarse en la afectación del bolsillo de los consumidores, según quienes defienden el impuesto, se traslada al impacto sobre la salud de estos alimentos no saludables, lo que además genera gastos médicos, tratamientos, entre otros.
Según la citada ONG, los productos con importantes adiciones de sustancias químicas «aumentan todas las formas de la malnutrición, particularmente de sobrepeso y obesidad», además del riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que son las principales causas de morbilidad y mortalidad en Colombia.
- ¿Cuáles son los montos?
La fijación de los montos del gravamen es progresiva y se corresponde con un cálculo basado en los gramos de azúcar en 100 mililitros de bebida.
En 2023, las bebidas con contenido de azúcar entre 6 y 10 gramos tendrán un impuesto de 18 pesos (0,0045 dólares) y en 2024 el monto subirá a 28 pesos (0,0071 dólares).
Si la cantidad de azúcar excede los 10 gramos, el tributo será de 35 pesos (0,0088 dólares) este año y 55 pesos (0,014 dólares) en 2024.
En 2025 las bebidas con menos de 5 gramos de azúcar no tendrán impuestos, mientras que las del rango de 6 a 10 gramos tendrán un tributo de 38 pesos (0,0096 dólares) y las de 10 gramos en adelante uno de 65 pesos (0,016 dólares).
En cuanto a los productos ultraprocesados, la tabla es la siguiente:
En 2023, los productos cuyo contenido de sodio sea mayor a 1 miligramo y menor e igual a 300, o cuyo porcentaje de energía producto de las grasas saturadas o azucares libres es mayor o igual a 10 %, pagarán el 10 % sobre el precio de venta. El monto se incrementará hasta 15 % en 2024 y 20 % en 2025.
- ¿A dónde podría ir lo recaudado?
Entre las posibilidades de destino del dinero recaudado, Villanos Ultraprocesados propone que los recursos pueden destinarse a subsidiar programas estatales saludables.
De igual forma, podrían servir para «la promoción o garantía de acceso a agua potable» y para el apoyo a «programas de reducción de obesidad y de nutrición escolar».
- Daños a la salud.
El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, Carlos Olimpo Mendivil, que tiene un doctorado en Bioquímica Nutricional, manifestó que existe evidencia científica de que los alimentos ultraprocesados causan perjuicios a la salud.
El especialista recordó que en México se implementó este impuesto hace una década y calificó esa iniciativa como «un caso de éxito en Latinoamérica».
En su opinión, además de reducir el consumo de ese tipo de alimentos y «recaudar fondos» para el sistema de salud y la prevención, se propone que la industria alimenticia cambie el azúcar por otras alternativas.