El general Mario Montoya Uribe, habla en una conferencia de prensa, en Bogotá, Colombia, el 26 de marzo de 2007 William Fernando Martinez / AP

Los responsables de los crímenes asesinaron a esas personas, entre 2002 y 2003, bajo la estrategia de ‘falsos positivos’.

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este miércoles al general retirado Mario Montoya Uribe y otros ocho militares, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al estar señalados de cometer más de 130 ejecuciones extrajudiciales que fueron reportadas como «bajas en combate», en el departamento de Antioquia, entre 2002 y 2003.

Los crímenes atribuidos a Montoya y los demás uniformados forman parte del ‘Subcaso Antioquia I’ del ‘Macrocaso 03’, expediente que investiga crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, como asesinatos y desapariciones forzadas, un patrón extendido del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y que es conocido también como ‘falsos positivos’.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, informó en rueda de prensa que las investigaciones determinaron que Montoya, como comandante de la Brigada IV del Ejército, con sede en Medellín, impuso a sus subalternos la ejecución de ‘falsos positivos’.

«Los ‘falsos positivos’ en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época 2002-2003. En la Brigada IV, la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar ‘muertes en combate’ como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército», dijo Díaz.

La magistrada agregó que «la presión por muertes en combate fue ejercida por el comandante de la Brigada, general retirado Mario Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente el Batallón de Infantería N°4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales».

La JEP determinó que Montoya Uribe, quien luego fue jefe del Comando Conjunto Caribe y comandante del Ejército de Colombia, dio la «orden recurrente» y la «obligación» a sus subalternos de reportar el éxito de sus operaciones militares, en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre. De las 130 víctimas documentadas, 11 eran niños, cuatro niñas, cinco mujeres y tres personas con discapacidad.

Además, de los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas.

¿Quiénes son los otros responsables y qué crímenes cometieron?

El general Mario Montoya Uribe, habla en una conferencia de prensa, en Bogotá, Colombia, el 26 de marzo de 2007
William Fernando Martinez / AP

Montoya Uribe es acusado como «autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad» por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.

La decisión contra el excomandante del Ejército se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas (53 en 2002 y 77 en 2003) presentadas ilegítimamente como «bajas en combate» y que fueron cometidas en 16 municipios de Antioquia, sobre todo al oriente del departamento, en localidades como San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.

Por estos mismos crímenes, añadió Díaz, fueron imputados los tenientes coroneles retirados Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del BAJES.

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Por Radaccion