El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un “aporte anual” por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la Constitución de la República en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.

Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 pesos por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

Para el gremialista esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a fideicomisos privados constituido a favor de empresarios.

A su juicio, al cabo de cinco años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.

“ La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales”, puntualizó.

Y agregó “esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.

Por Radaccion

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