Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó ocho meses de prisión preventiva contra cuatro imputados en la estructura criminal que se dedicaba a falsificar sentencias, resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad irregular de preventivos.
La magistrada Yeritza Cabral declaró el caso de tramitación compleja y ordenó a otro imputado se presente periódicamente ante el Ministerio Público, impedimento de salida y garantía económica de 20,000 pesos.
El tribunal otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal contra los procesados.
La jueza del tribunal, Yeritza Cabral, ordenó prisión preventiva en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Antonio Vázquez Pichardo (Frank), mientras que a Eddy Alberto Franco le impuso presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica.
En tanto que el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla al destacar la respuesta del tribunal dijo que «valoró todas las pruebas que el Ministerio Público ha presentado «y nosotros también valoramos la decisión del tribunal».
«Entendemos que se está enviando un mensaje de contundencia contra una estructura que apenas refleja la punta del iceberg, en lo que respecta a lo que hemos avanzado en la investigación porque entendemos que debemos seguir identificando otras personas que hayan participado en estos hechos”, advirtió Bonilla.
Dos de los imputados son empleados del Poder Judicial, ahora en condición de suspensión. El grupo integraba una estructura criminal que falsificó documentos judiciales, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza, para agenciarse con la libertad irregular del imputado Jonathan Francisco Ventura Vázquez, quien guarda prisión por delitos del cibercrimen, el lavado de activos, entre otras imputaciones graves que fueron develadas por la Operación Discovery, y cuya prisión se intentaba variar por medios ilícitos.
La Fiscalía les atribuye a los integrantes de esta estructura delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano en violación de los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano.

Por Radaccion