Una investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) da cuenta que en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se encontraron «anomalías» cometidas por el personal administrativo y el Comité de Compras de la entidad que depende del Ministerio de Educación, durante la adquisición del almuerzo escolar que se inició el pasado año.

Las indagatorias que la semana pasada depositó la DGCP ante la Procuraduría Especializada de persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), y que fueron presentadas en El Informe con Alicia Ortega, señalan que en el Inabie, desde el citado período, no sólo hubo tráfico de influencia para la obtención de adjudicaciones y la habilitación de manera deliberada de oferentes «que carecían de idoneidad» para ser seleccionados, sino que también participantes se beneficiaron de préstamos millonarios sin tener cocinas instaladas.

Además, presenta la investigación conjunta, se encontró que habían más de 600 participantes que se relacionaban entre sí y las negociaciones de raciones desde el Despacho del exdirector del Inabie.

Dichas «irregularidades», denunciadas en el 2021 por un grupo de suplidores, salieron a relucir en el informe sobre las pesquisas que hicieron las citadas instituciones reguladoras.

«Los miembros del Comité de Compras, consensuaron y adoptaron medias que flexibilizaron los controles, dando cabida a maniobras fraudulentas con el acto de adjudicación, que denotan competencia desleal entre los oferentes, simulación del proceso de adjudicación y afectación directa del servicio que se pretendía adquirir», detalla parte de los hallazgos de la investigación sobre la licitación del Inabie para el almuerzo escolar 2021-2022.

También, de acuerdo a los documentos a los que El Informe tuvo acceso, más de un 70 % de los proveedores no pertenecían al sector de las mipymes ni contaban tan siquiera con las instalaciones de las cocinas donde se supone trabajarían a favor del Inabie como suplidores. Sin embargo, revela la investigación, le fueron otorgados préstamos por parte del Banco Agrícola.

Algunos suplidores se enteraron además que estaban adjudicados desde el año pasado con dualidad.

«Cuando llego a la escuela con el alimento, me dicen que no puedo pasar. Yo le digo que por qué y me dicen que no puedo pasar porque esa escuela tiene otro suplidor», narra Adriana Méndez sobre la adjudicación a la que la subdirectora del Inabie, Nereyda De León, le hizo referencia.

Dicha funcionaria, quien también se desempeña como directora de Alimentación y Nutrición del Inabie, según los investigadores, «ha incurrido en violación a la Ley de Compras (340-06) al otorgar a proveedores autorizaciones de entrega provisional sin un aval legal, emitido por la autoridad competente, lo que deviene en procesos adjudicados fuera del portal, violentando los principios de eficiencia y transparencia (…)».

Dicho proceso, sigue el documento de la investigación conjunta, fue justificado por De León, alegando que salió con respaldo desde la Dirección Ejecutiva y el Comité de Compras durante una reunión para tales fines. Sin embargo, la funcionaria no suministró las informaciones que comprobaran su posición al respecto.

Se recuerda que hace varios días, el Inabie sostuvo un encuentro con la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), como parte de los acercamientos que ejecuta la institución de cara a mejorar los servicios que llegan a los estudiantes.

En la reunión, en la que participó Víctor Castro, director ejecutivo del Inabie, se abordaron los nuevos procesos de licitación como parte de las acciones tomadas en procura de la transparencia y el fortalecimiento de los servicios dirigidos a los estudiantes.

“Fundamentalmente de cara a las nuevas licitaciones estamos estableciendo criterios claros para la adjudicación. Que cada selección de suplidores que se haga sea en base a cada uno de los criterios y no a la voluntad de los administradores del proceso porque eso no beneficia a los estudiantes y desmerita la libre competencia entre los oferentes”, resaltó Castro.

Pese a esto, se espera que sea la Pepca que responda por las denuncias depositadas sobre las supuestas irregularidades que existen en el Inabie. Las recomendaciones de los investigadores establecen, además, que en le caso de los funcionarios citados, sean remitidos a la Dirección de Ética Gubernamental.

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