Por Amable Grullón.
Los procesados falsificaban documentos judiciales y en uno de los casos buscaban la libertad de unos de los principales imputados en la Operación Discovery
Santiago.- La Fiscalía de esta ciudad solicitó prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra los integrantes de una red que falsificaba resoluciones, contratos de fianzas y otros documentos judiciales para lograr la libertad de imputados en casos penales que se desarrollan en los tribunales de este distrito judicial.
En instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la Fiscalía dice que los procesados, entre los que hay empleados del Poder Judicial, tramitaban documentos falsos «para favorecer a imputados por tráfico de armas de fuego, narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos, entre otros hechos graves».
El grupo integrado por Jonathan Francisco Vázquez Ventura, Francisco Vázquez Pichardo, Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez enfrentan cargos por delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público señala a los imputados por violación de los tipos penales en los artículos 265, 266, 147, 148, 149, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano, los cuales contemplan sanciones por los delitos de falsificación y alteración de documentos oficiales, por lo que, el Poder Judicial procedió a la suspensión de los mismos por los hechos en que incurrieron.
El órgano acusador acusa a los imputados delitos de estafa a través del cibercrimen, a Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.
En esta red participaron activamente Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, el imputado Bencosme Reyes, quien se desempeña como supervisor de Archivo Central del Poder Judicial en Santiago; así como Franco, mensajero del Poder Judicial.
El grupo se prestaba “mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza”.
La Fiscalía de Santiago sostiene que la investigación, aún esta en curso y que parte de los imputados, valiéndose de su relación laboral, violaron los protocolos establecidos por el Poder Judicial, para tramitar solicitudes y depósitos de documentos judiciales falsos, y así lograr libertades irregulares de personas con imputaciones graves, «lo que constituye un agravio y vulneración al sistema de justicia dominicano que amerita de una ejemplar sanción»