Roberto Cisneros / AFP

Decenas de panameños celebraron este martes la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406, un polémico contrato establecido entre el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la compañía Minera Panamá –filial de la canadiense First Quantum Minerals– para la explotación de una mina de cobre a cielo abierto dentro de un bosque tropical durante 20 años.

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A primera hora de la mañana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime y apuntó que en términos prácticos, el instrumento jurídico quedó expulsado «del sistema normativo que rige en el país».


Mientras, grupos organizados que lideraron las protestas atribuyeron el dictamen a la presión que ejercieron en las calles por más de un mes, pese a la represión policial.

Ganaron los derechos ciudadanos
La noticia fue recibida con beneplácito en las inmediaciones de la CSJ, donde decenas de activistas acampaban desde la semana anterior, en espera del dictamen, con el que aspiraban que la nación centroamericana pusiera punto final a la actividad minera en áreas protegidas.

Por Radaccion