Participación Ciudadana afirmó que ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto.
“Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales”, leía parte de un comunicado.
También hicieron un llamado para la intervención de la Junta Central Electoral (JCE), haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública”.
Asimismo, aseguró que el país no puede aceptar argumentos a favor de mantener propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales, y que estén dirigidas a obtener votos.
LEYES Y DECRETOS VIOLENTADOS.
La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”
El Decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”.