Hoy es Punta Catalina, mañana será Refidomsa, el Metro, el Banco de Reservas, hasta desguazar por completo el Estado y crear otro Estado paralelo bajo control privado.

La cuestión esencial respecto de la entrega en fideicomiso de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina es haber puesto al desnudo hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno que preside Luis Abinader en la aplicación de políticas neoliberales. Se busca reducir el Estado a su mínima expresión, ya sea privatizando directamente bienes y servicios públicos, o, como en este caso, sacando bienes y servicios públicos del control directo y efectivo del Estado, para entregarlo al dominio del sector privado. (Por cierto, visión esta nada coherente con el socialismo democrático que formalmente ha sido asumido por el PRM).

 

Hay que resaltar que el gobierno del pereeme, lejos de producir un cambio, le ha dado continuidad a las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos del peledé. En sus 20 años de gobierno, el peledé privatizó y depredó, por vía de la llamada capitalización, el Consejo Estatal del Azúcar y sus millones de tareas de tierra, la Corporación Dominicana de Electricidad, el conjunto de las empresas de CORDE, entre otras.

El actual gobierno, en su año y medio se ha valido de las Alianzas Público/ Privada y la entrega en fideicomiso de bienes y servicios públicos. En virtud de esta política se han constituido o están en ruta de constitución los proyectos como el del Puerto de Manzanillo, Proyecto Cruz de Manzanillo, Monorriel Santiago, Autopista del Ámbar, Pro-Pedernales, Vivienda de bajo costo, entre otros.

Respecto de estos proyectos, la ciudadanía ha sido más o menos tolerante porque nadie objeta la participación del sector privado, en el impulso del desarrollo nacional siempre que éste se mantenga en su esfera natural de acción. Sin embargo, poco a poco, el gobierno ha ido traspasando esa frontera al incluir o proyectar en el esquema de APP y de fideicomiso competencias que les son propias como la Transformación de la Policía Nacional, el Patrimonio Público Recuperado, el manejo de los Desechos Sólidos, Parquéate RD, Cohesión Territorial. La gota que vino a rebosar la copa ha sido la aprobación por la Cámara de Diputados del contrato que entrega en fideicomiso a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

El gobierno para justificar el traspaso de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina bajo la modalidad de un contrato de fideicomiso, ha venido construyendo un relato, en que presenta que la administración pública no es confiable, es ineficiente técnica y financieramente, además de falta de transparencia. ¿Acaso no tiene el actual gobierno los medios legales y las capacidades para asegurar una administración transparente y eficiente de Punta Catalina? ¿Se trata de la admisión del actual gobierno de no poder hacerlo manteniéndole su condición de empresa pública?

Al impulsar este contrato de fideicomiso, el gobierno de Luis Abinader entra en contradicción con aspectos claves de la política que se ha comprometido impulsar frente a la ciudadanía.

Por un lado, está el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El presidente Luis Abinader y su gobierno saben que Punta Catalina es un cuerpo de delito por los sobornos que se pagaron para su adjudicación a Odebrecht mediante una licitación amañada. Ahí están los testimonios del economista Isidoro Santana y del Ing. Ramon Flores. De igual modo, el propio ministro de Energía y Minas Antonio Almonte, cuando estaba en la oposición, y muchos otros técnicos y especialistas del sector energético, presentaron elementos indiciarios de la sobrevaluación de Punta Catalina. ¿Por qué proceder a entregar a Punta Catalina en este esquema contractual sin haber hecho la necesaria auditoría técnico financiera? ¿Se embarcará el Ministerio Público en hacer la investigación penal estando la CTPC operando bajo el esquema fiduciario que se pretende? ¿No es esta una forma precisamente de sustraer a Punta Catalina de la persecución penal?

 

Por otro lado, está el tema de la institucionalidad y la transparencia de que tanto habla este gobierno. Empecemos porque en el caso del contrato fiduciario de Punta Catalina se habla de fideicomiso público, sin que en el país exista una ley que sirva de marco legal para regir esta modalidad de fideicomiso. (En este aspecto hay que decir que igualmente varios fideicomisos de los antes enumerados lesionan la autonomía municipal y las competencias de los ayuntamientos).

De igual modo, la entrega de la CTPC a un comité técnico, nombrado por 30 años, con poder absoluto para manejar la empresa, cuyos integrantes no representan órganos públicos, sino por el contrario están vinculados con la generación de energía eléctrica privada plantea un muy serio conflicto de intereses. El riesgo moral que esto agenda se sobredimensiona porque las operaciones financieras y técnicas del comité técnico estarán a fuera de los mecanismos de control de la administración pública como es el caso de que en sus adquisiciones el comité técnico no se regirá por la ley de compra y contrataciones; tampoco estará sometido el comité técnico al control de la contraloría general de la república, la cámara de cuentas, ni deberá responder a los requerimientos de la ley de libre acceso a la información pública y los préstamos que contraigan no pasaran por el congreso nacional, aunque tendrán el aval del Estado y eventualmente éste deberá responder por ellos. Hay que decir en este esquema el Banreservas y su brazo fiduciario estarán manejando recursos y activos públicos como si tuviera atribuciones de tesorería publica, todo lo cual distorsionan la necesaria integridad de las finanzas públicas. Es claro que poner la CTPC bajo el esquema descrito en este contrato fiduciario lesiona seriamente la transparencia, la institucionalidad y en varios aspectos entra en contradicción con la Constitución de la República.

Hoy es Punta Catalina, mañana será Refidomsa, el Metro, el Banco de Reservas, hasta desguazar por completo el Estado y crear otro Estado paralelo bajo control privado.

Hay pues razones de sobra para ponerle fin a este adefesio de contrato que pone en fideicomiso a Punta Catalina.

El gobierno de Luis Abinader debe retirar del senado el adefesio de contrato que entrega a Punta Catalina en fideicomiso y preservarla como empresa pública, adoptando las medidas para su manejo eficiente y transparente.

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