Afirma hubo una aplicación “incoherente e ineficaz” de la ley.
Nada ha cambiado en la República Dominicana donde hubo una aplicación “incoherente e ineficaz” de la ley, que en ocasiones condujo a la impunidad en los casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, según el informe de 2021 presentado ayer por Estados Unidos.
El Gobierno “tomó medidas” en algunos casos para procesar y castigar a esos funcionarios. El informe elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU. presentó las mismas violaciones de derechos humanos en la República Dominicana que en años anteriores como los asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno.
También se suma en la lista los tratos o castigos inhumanos por parte de la Policía Nacional y otros agentes del Gobierno, las condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida, las detenciones arbitrarias y la injerencia arbitraria a la privacidad.
Cita la difamación criminal de periodistas particulares, la corrupción gubernamental grave y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
El Departamento de Estado indicó que las “ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema”.
Citó el caso del matrimonio formado por Joel Díaz y Elizabeth Muñoz. La pareja murió porque los agentes de la policía “confundieron” el vehículo con el de unos delincuentes, un Kia blanco, y dispararon contra él.
También está el incidente en que un policía fuera de servicio disparó y mató a Leslie Rosado después de que ella supuestamente chocara la motocicleta del agente, mientras él la conducía, y abandonara el lugar.
El informe señaló las denuncias recibidas sobre tortura, golpes y el maltrato físico por miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías.
“La impunidad era un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. El gobierno trabajó para abordar los problemas relacionados con la impunidad a través de programas de capacitación para los oficiales de policía, incluyendo cursos especializados sobre derechos humanos”, agregó el Departamento de Estado.