El Ministerio Público solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia cinco años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, por violación a los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el uso de la fuerza pública para llevar a cabo desalojos en una propiedad en Punta Rucia, Puerto Plata en mayo del 2020.
El legislador, señalado por personas de Punta Rucia de encabezar la destrucción de una vivienda propiedad de la señora Lucila Nelly Capellán, era candidato cuando se ejecutó la acción, la que se habría hecho sin contar con la autorización de los organismos correspondientes.
Se le imputa también de violar el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad y los 1 y 2 de la legislación 5797 sobre destrucción de bienes privados en perjuicio de la querellante.
La audiencia está programada a ser la última del juicio de fondo, y el abogado de Domínguez Domínguez rechaza las acusaciones, que consideró contradictorias.
Dijo que las declaraciones de los acusadores no tienen lógicas porque afirman que Domínguez encabezó el desalojo y que si hubiese sido así también debió ser detenido junto a las personas que dicen son trabajadores del diputado y que fueron arrestadas por la Policía.