Santiago.-La audiencia de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santiago contra dos hombres implicados en la muerte a tiros de la Ana Francisca Gómez, fue pospuesta para mañana, jueves 17, en horas de la mañana.
La posposición se hizo esta vez a petición de la familia de Ana Francisca Gómez, que ha decidido constituirse en querellante contra los acusados.
Los prevenidos son Wader Robert Peña Angomás (Adelino), quien condujo la moto desde la que se disparó Ana Francisca Gómez y el raso de la Policía Nacional Wilfin Gerónimo Sánchez Angomás.
La persona que disparó contra Ana Francisca Gómez aún está prófuga, y tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional mantienen su persecución.
Ambos organismos, también se trabaja de los autores intelectuales del crimen quienes pagaron 400 mil pesos a sus ejecutores.
Sobre el caso, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, aseguró que el Ministerio Público tiene suficientemente pruebas contra los dos imputados de sicariato por la muerte a tiros de Ana Francisca Gómez.
Insistió en que la Fiscalía trabaja de sol a sol para dar respuesta a los hechos que laceran la tranquilidad de los habitantes de la provincia.
Caso Policía ultimo joven en Camboya
Por otro lado, la Fiscalía solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer la prisión preventiva a un agente de la Policía Nacional acusado de matar a un joven de 21 años en el ensanche Gregorio Luperón (Camboya) de esta ciudad.
El Ministerio Público acusa de homicidio voluntario a Smolin Sánchez Montero, al raso de Policía Nacional que disparó deliberadamente, provocando la muerte de Jalfany Albert Reynoso Trinidad, de 21 años.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitieron identificar a Sánchez Montero como el agente que uso su pistola marca Taurus calibre 9 milímetros, disparar contra Jalfany Albert Reynoso Trinidad.
La Fiscalía plantea que la muerte de Reynoso Trinidad se debió a un uso desmedido de la fuerza y una violación flagrante a los protocolos de actuación de la institución del orden.
Por ello, aseguró que el hecho, sin importar la procedencia de quien lo ha cometido, deberá ser sancionado como lo establece la legislación dominicana.
La Fiscalía de Santiago formuló contra el imputado la violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que penalizan el homicidio voluntario