Una misión internacional de derechos humanos señala al Estado ecuatoriano de haber cometido delitos de lesa humanidad durante las protestas.
Miembros de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que se encuentran en Ecuador dando seguimiento al paro nacional indefinido que se lleva a cabo desde el pasado 13 de junio, señalaron que el Estado ecuatoriano cometió «delitos de lesa humanidad» durante las protestas.
«El Estado ecuatoriano debe cesar de inmediato en la comisión de los crímenes de lesa humanidad y acabar con prácticas impropias de un Estado de derecho», dijo María José Cano, integrante de la misión, durante una conferencia de prensa la mañana de este martes, en la que presentaron un informe preliminar de lo observado durante las manifestaciones.
Cano manifestó que las autoridades competentes de Ecuador deben «investigar y juzgar» a los responsables de los delitos cometidos durante las protestas.
Durante la rueda de prensa, Mariela Navarro, otra de las integrantes de la misión, indicó que el número de víctimas fatales en el contexto de las manifestaciones subió a seis. Hasta el domingo se informaba sobre cinco muertos, además de 200 heridos y 145 detenciones.
De acuerdo con Navarro, durante el paro agentes de la Policía Nacional y de las Fueras Armadas «actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión» y mencionó que el «despliegue represivo» se profundizó en el marco del estado de excepción que estableció el presidente del país, Guillermo Lasso, en seis provincias del país.
Navarro describió algunas de las acciones de los uniformados, como «disparar directamente al rostro de los manifestantes, de manera horizontal, a corta distancia, con el claro objetivo de matar».
«Se utilizaron municiones antitumulto, cartuchos de gases lacrimógenos, perdigones de plomo y balas, proyectiles de plomo contra las manifestaciones», añadió.
Asimismo, dijo que la represión contra los manifestantes no solo se llevó a cabo en Quito, la capital del país, sino también en muchas localidades rurales, «en donde la situación de indefensión ha sido mayor».
Navarro también habló sobre numerosas detenciones arbitrarias y señaló que sobre estas aprehensiones han recibido denuncias de «tormentos, tratos crueles y degradantes», así como violaciones al derecho a la defensa.
La integrante de la misión agregó que han notado una «persecución y el menoscabo a la condición indígena, que ha sido distintivo en el accionar policial».
Infiltrados
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización convocante del paro, han denunciado que durante las manifestaciones ha habido infiltrados de las fuerzas de seguridad en las filas del movimiento indígena para provocar los hechos de violencia y vandalismo y justificar, posteriormente, la represión.
Manifestantes reciben gases lacrimógenos en enfrentamientos con la Policía, Quito, 24 de junio de 2022
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El lunes, mientras se llevaba a cabo un primer encuentro entre el movimiento indígena y el Gobierno, con la compañía de representantes de todas las funciones del Estado —además del Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano— la Conaie denunció que encontró a al menos tres supuestos policías infiltrados en el plantón que se encontraba a las afueras de la Basílica del Voto Nacional en Quito, donde se desarrollaba el diálogo.
Los presuntos infiltrados fueron identificados por la Guardia Indígena. «En la mochila tenían bombas lacrimógenas», dijo la Conaie, que señaló que estos sujetos pertenecen a personal de inteligencia de la Policía.
«Uso progresivo de la fuerza»
En una comparecencia el lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional, los ministros de Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa Nacional, Luis Lara, defendieron la actuación de la Policía y de las Fuerzas Armadas durante la protestas.
Carrillo dijo que los operativos fueron para «repeler las acciones de violencia que se presentaron en el paro» y aseguró que se cumplieron todos los protocolos previstos en la legislación nacional y la normativa de derechos humanos, con el «uso legítimo, progresivo, necesario y humano de la fuerza».
El funcionario negó que la Policía haya utilizado armamento letal ni armas con perdigones; por lo que, indicó, solicitó a la Fiscalía que investigue el uso de este tipo de materiales durante las protestas. Actualidadrt.com